El pasado 22 de noviembre se aprobaba finalmente el texto definitivo por parte de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo para regular el comercio de los llamados «minerales de sangre» o «minerales en conflicto». A pesar de celebrar este paso dado, las ONGs critican que se han incluido una serie de exenciones que limitan su alcance, retrocediendo sobre la propuesta del Parlamento Europeo de mayo de 2015, más ambiciosa.
Este reglamento va encaminado a garantizar que los minerales que entran en la UE no financian conflictos o violaciones de derechos humanos. «La ley exigirá a las empresas que actúen con la “diligencia debida” respecto de sus cadenas de suministro, respetando en general los requisitos de la Guía sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A diferencia del reglamento de la UE, esta guía de la OCDE se aplica a todos los recursos minerales y a la totalidad de la cadena de suministro, incluidas las empresas que compran productos que contienen estos minerales o comercian con ellos», señala Amnistía Internacional, aunque solo tiene rango de recomendación. «La diligencia debida respecto de las cadenas de suministro de minerales no pretende disuadir del abastecimiento en zonas frágiles y de alto riesgo, sino que trata de alentar y facilitar un comercio más responsable y transparente con estas regiones».
A pesar de que el nuevo reglamento de la UE eleva a rango de norma de obligado cumplimiento estas recomendaciones, afectará solamente a las empresas que importan el material en bruto. Las empresas que introduzcan esos mismos minerales en la UE dentro de partes o productos acabados no tendrán que rendir cuentas. Además, en las negociaciones, los estados lograron establecer «unos umbrales de volumen innecesariamente altos para eximir a buena parte de quienes importan estos minerales en bruto o procesados», denuncian las ONGs implicadas.
Además, los legisladores han decidido establecer un largo periodo de introducción transitorio, lo que implica reconocer las responsabilidades de las empresas pero darles un amplio margen de tiempo para seguir haciéndolo.
Por todo ello, las organizaciones que velan por los derechos humanos denuncian la tibieza de los estados europeos, mucho más preocupados por proteger la economía de las empresas que las vidas de los que extraen los minerales imprescindibles para nuestras tecnologías, señalando esta aprobación como solo un primer paso en la buena dirección y destacando la importancia de seguir apoyando campañas como la sostenida por la ONG Alboan.
